domingo, 22 de marzo de 2009

Estimados amigos del CMMC:

Sobre la "memoria histórica común"
El encuentro sobre la llamada "memoria histórica común", que pretendía dilucidar el papel de los soldados marroquíes que participaron en la guerra civil española, y que se ha celebrado recientemente en Tetuán, ha estado cargado de polémica.
La cuestión fundamental que no se ha abordado es la propia definición y contenidos de esta iniciativa. Acogiéndose a la iniciativa auspiciada por la Ley de Memoria Histórica en España, se pretende aclarar responsabilidades en el aporte de soldados marroquíes a la guerra civil española. La llamada "memoria histórica común" parece haber aprovechado de manera precipitada la circunstancia histórica en España que se ha generado con la ley de Memoria Histórica.Y esto sin la necesaria tarea de reflexión y estudio que debe conllevar tal iniciativa.Resulta difícil establecer las circunstancias de dichos hechos, a falta de una rigurosa investigación académica, como parece no existir, y de la inexistencia de datos fiables, más allá de los manejados por los organizadores del evento.La historia entre España y Marruecos debe ser abordada con el rigor y la seriedad adecuadas, sin oportunismos y sin el habitual debate "en caliente" que en demasiadas ocasiones caracteriza la reflexión sobre los asuntos comunes. No parece que esta iniciativa se haya encaminado en ese sentido.(03/03/09)



Estimados amigos del CMMC:
Os agradecemos vuestra invitación al Seminario internacional sobre la participación de los marroquíes en la guerra civil española, que se celebrará en Tetuán de finales de febrero al 1 de marzo de 2009. Leído atentamente el texto de la Plataforma de dicho encuentro, nos parece que los plantamientos que contiene mezclan cuestiones diferentes, que se prestan a confusión:

1) En lo que respecta a la Ley de la Memoria Histórica y el auto del juez Garzón, ambos se refieren a las reclamaciones de los familiares de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista, a las que se trata de localizar y posteriormente identificar, entendiendo por víctimas a las personas que fueron asesinadas y arrojadas a fosas comunes, y no a los soldados, ya fueran españoles o marroquíes, que murieron en el frente en acción de guerra. Por ello, ni la Ley de la Memoria Histórica ni el auto del juez Garzón se aplican a los marroquíes, que eran soldados muertos en el campo de batalla, pero no asesinados. Lo que no excluye que hubiera algún caso que, de conocerse, habría que amparar.

2) Para avanzar cifras sobre el número de marroquíes que participaron en la guerra civil , hay que basarse en fuentes fiables y contrastarlas. Los historiadores que hasta ahora han trastado el tema sobre la base de investigaciones serias, sitúan la cifra en torno a los 80.000 más o menos.

3) Para afirmar que unos 9.000 de los marroquíes reclutados eran menores de 12 años, hay que basarse en fuentes fiables y no en lo que se cuenta de oídas. En ningún documento de archivo aparece ese dato. Pudieron darse algunos casos de jóvenes reclutas que, para poder alistarse, declararon ellos o sus familias ser mayores de lo que en realidad eran (declarar, por ejemplo, tener dieciocho años y no tener más de dieciséis), pero de ahí a dar por buena la información de 9.000 reclutas menores de 12 años hay mucha diferencia.

4) Hay que tener cuidado con no reunir datos o informaciones únicamente sobre la base de testimonios orales. Las entrevistas sobre el terreno pueden ser interesantes y útiles en cuanto a elementos subjetivos (lo que pensaban o sentían los soldados de aquella guerra, etc.), pero, para los datos objetivos, la memoria puede jugarnos muy malas pasadas, sobre todo cuando esa memoria es en general de "segunda mano" porque los protagonistas ya se han muerto y son los hijos o los nietos los que cuentan las cosas. Lo que se conoce como "historia oral" puede ser un elemento importante para reconstruir el pasado, pero los datos tienen que ser contrastados con fuentes de archivo. No son fiables si carecen de base documental en que apoyarse.

5) En lo que respecta a violaciones de los derechos humanos en la zona jalifiana durante la era franquista, sin duda las hubo lo mismo que las hubo en España. Esa zona estaba sometida a un régimen colonial y, además, militar. Hay que decir que eran los caídes, en general fieles servidores de la autoridad militar, los encargados de los reclutamientos masivos en sus cabilas y de mantener firmemente controlados a los cabileños. La represión en la zona jalifiana se ejerció fundamentalmente contra la población española de izquierdas: comunistas, socialistas, anarquistas, o sencillamente republicanos. También hubo represión contra los masones, algunos de ellos de origen judío, aunque de nacionalidad española, que fueron apresados en Melilla y llevados al campo de concentración de Zeluán, de donde muchos de ellos fueron sacados para ser fusilados. En cuanto a los musulmanes de la zona, que eran, naturalmente, la mayoría de la población, éstos se libraron, por orden de la autoridad militar, de la represión franquista. Franco que estaba entonces reclutando a miles de marroquíes para su ejército tenía particular interés en ser considerado como el "amigo del Islam" (Sobre la represión en la zona Norte, véase: Vicente Moga Romero, Las heridas de la historia. Testimonios de la guerra civil en Melilla, y Francisco Sánchez Montoya, Ceuta y el Norte de África. República, guerra y represión, 1931-1944).

En vista de lo que precede, pensamos que:

1) No sólo no debemos ignorar nuestra historia común, sino que, por el contrario, debemos conocerla mejor y asumirla sin prejuicios. Pero ello debe hacerse sobre la base de investigaciones científicas sólidamente fundamentadas en fuentes fiables, y no de elucubraciones o informaciones fantasiosas carentes de todo rigor histórico. En este orden de ideas, hay que evitar la instrumentalización de la historia que lleva a tergiversarla o incluso reinventarla, con el objeto de acomodarla, según convenga, a intereses ajenos a la verdad histórica.

2) Creemos que antes de proceder a organizar congresos o seminarios como el propuesto, sería conveniente efectuar investigaciones de primera mano en los archivos españoles. En este sentido, habría que fomentar en los departamentos de historia de las universidades marroquíes la preparación de memorias de licenciatura o de tesis de doctorado sobre el periodo del Protectorado, solicitando con este fin becas de estudios, ya sea al gobierno marroquí o al gobierno español, para estancias en España que permitan la consulta de los archivos con documentación sobre Marruecos. Los historiadores españoles estarían, a no dudarlo, encantados de poder ayudar en todo lo que fuera posible a los historiadores o investigadores marroquíes interesados por ese periodo de nuestra historia común.


Con un cordial saludo.

María Rosa de Madariaga y Bernabé López García